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Corporate blog to discuss various issues related to two different fields: on the one hand, the world of law; and on the other hand, the international business world. From Vicente & Matanza, we encourage you to participate in the blog by leaving your opinions and comments. And if any of our readers want to suggest a topic to be treated, please do not hesitate to contact us.

Lograda la nulidad de la cláusula suelo también de una empresa

Hace un tiempo, cuando salió a la luz todo el tema de las cláusulas suelo insertas en las hipotecas, analizábamos en este mismo blog (podéis consultar el artículo AQUÍ) la posibilidad de que también las empresas pudieran obtener en los Tribunales la nulidad de las cláusulas suelo. Por aquel entonces, y aun con muy pocas resoluciones judiciales sobre el tema, llegábamos a la conclusión de que sí podía ser viable, o que al menos debería serlo, el hecho de que los autónomos y personas jurídicas pudieran eliminar las cláusulas suelo de sus hipotecas, si bien dada la diferente regulación a la que éstos se pueden ver sometidos, había que ser más cautos que en los procedimientos judiciales “normales” iniciados por personas físicas, y por tanto se hacía necesario analizar caso por caso para estudiar su viabilidad.

Pues bien, hace unas semanas nos notificaban la sentencia en el primer procedimiento que este despacho iniciaba representando a una empresa, solicitando la nulidad de la cláusula suelo. Y la

sentencia no ha podido ser mejor, HEMOS GANADO: nulidad del suelo, devolución de cantidades desde mayo de 2013, intereses, costas (vamos, todo lo pedido).

 

Cierto es que entre aquel primer artículo de comienzos de 2015 y éste muchas cosas han pasado, la mayoría poco favorables a las empresas, y muy especialmente la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 367/2016, de 3 de junio, en la que básicamente el Alto Tribunal declaraba que el control de transparencia de una cláusula suelo no se extiende a la contratación bajo condiciones generales en que el adherente no tiene la condición legal de consumidor. En resumidas cuentas, el Supremo reducía mucho las posibilidades y permitía sólo dos vías para accionar -y ganar- en nombre de una empresa: apelar a la no superación del control de inclusión (bastante difícil en la mayoría de los casos) o bien apelar a que la empresa al contratar con el banco SÍ actuaba como un consumidor más (o lo que es lo mismo, que la sociedad en realidad actuaba en un ámbito ajeno a su actividad empresarial).

 

Y esto último es lo que ha entendido el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valladolid en nuestro caso para darnos la razón. Así se expresa la sentencia:

“En el caso que nos ocupa, si bien se trata de una sociedad mercantil la que adquiere el bien, el mismo es una vivienda respecto de la que no hay prueba alguna de que se haya destinado a su comercialización o a oficinas o cualquier otro fin propio de la sociedad, no constando nada al respecto en la escritura, sino que, al contrario, lo que obra en autos, es que se adquiría para vivienda habitual de D. …….………… y D.ª ………………, como se desprende del contrato de seguro de hogar acompañado como documento nº 5 de la demanda. Es decir, si bien se utilizó a la mercantil para la compra, lo cierto es que el destino fue adquirir una vivida habitual. (…) Es por todo ello que la adquisición no puede calificarse como de naturaleza mercantil y está amparada por la normativa tuitiva de los consumidores”.

 

La sentencia acaba concluyendo que si bien la cláusula suelo no supera el primer filtro, esto es, el filtro de incorporación (algo con lo que nosotros no estábamos de acuerdo), en todo caso lo que no supera es el segundo de los filtros o control de transparencia, por no quedar acreditado que el banco hubiese proporcionado la debida información al demandante sobre la presencia del suelo.

 

En definitiva, se trata de la primera sentencia favorable a una empresa dictada en los Tribunales de la ciudad de Valladolid, que abre las puertas a que más empresas, eso sí, en casos similares, puedan ver anulada las cláusulas suelo de sus hipotecas.

 

La sentencia la podéis encontrar en la parte inferior de este artículo. Para más información o si deseáis consultarnos vuestro caso, sin ningún compromiso, podéis contactarnos a través del siguiente formulario.

 

(Juan Vicente de Pedro)

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Sentencia cláusulas suelo empresa Valladolid
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Notificada una de las primeras sentencias en Valladolid favorables a los afectados por Bonos Convertibles en acciones del Banco Popular

Nos acaban de notificar una novedosa sentencia en Valladolid estimando la demanda interpuesta por nuestro despacho en representación de uno de los afectados por los bonos convertibles emitidos por el Banco Popular en 2009 canjeados en acciones en noviembre de 2015. Es una de las primeras sentencias dictadas en Valladolid relacionadas con este producto bancario.

Como explicábamos en un artículo anterior (que podéis consultar aquí), los bonos en un principio operaban como un depósito con una atractiva rentabilidad, pero en realidad lo que escondían detrás era un producto de inversión en renta variable ya que el canje por acciones se establece con carácter obligatorio para el inversor y con un precio prefijado.

 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 15 entiende probado que la entidad financiera no prestó la información precontractual y contractual que la normativa le exigía cuando se comercializa un producto complejo y de alto riesgo a un cliente minorista. En consecuencia, el juzgado ha condenado al Banco Popular a que abone al demandante la cantidad invertida en dichos bonos, que asciende a 22.000 €, más los intereses legales desde la fecha de suscripción del contrato.

 

Al final de este artículo podréis encontrar un enlace a la sentencia mencionada, y aunque aún no es firme, supone una gran noticia para los afectados por este producto residentes en Valladolid.

 

Si eres uno de los afectados por este producto complejo, no dudes en contactar con nosotros a través del siguiente enlace y podrás recuperar toda tu inversión.

 

(Emilio Matanza)

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¿Puedo demandar si en mi hipoteca me están aplicando el tipo de interés "IRPH"?

La respuesta es . Debemos recalcar que, en todo caso, será necesario con carácter previo el estudio detallado de toda la documentación por uno de nuestros abogados especialistas en reclamaciones bancarias para que le asesore sobre las posibilidades de éxito de su reclamación judicial, ya que no todos los casos son, ni mucho menos, iguales.

Vamos a comenzar este artículo explicando qué es el IRPH. El IRPH es un tipo de interés cuyas siglas significan “Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios”. Después del Euribor, el IRPH es el tipo de interés más usual en España, y miles de hipotecas están referenciadas a este índice. Se trata del “Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España”. Para su cálculo se aplica la media mensual del interés aplicado a las hipotecas de nueva constitución.

 

Hasta el mes de noviembre de 2013 existían tres tipos: IRPH Cajas, Bancos y Entidades. En el año 2009, la Unión Europea ordenó la eliminación del IRPH Bancos y Cajas, pero el IRPH Entidades se mantiene. El IRPH Entidades no es que sea más benévolo que el de Bancos o Cajas, siendo su forma de calcularse igual de manipulable que los dos índices suprimidos, e igual de gravosa para todos los deudores hipotecarios que están afectados por dicho tipo.

 

A partir de ese momento, las hipotecas que estaban referenciadas al IRPH Cajas o IRPH Bancos tienen que pasar a referenciarse al índice sustitutivo indicado en los préstamos hipotecarios. Este índice sustitutivo podía ser el Euribor en algunos casos, o el IRPH Entidades en otros, o el último índice de los tipos eliminados en otros casos.

 

Es entonces cuando las entidades financieras comienzan a aferrarse en fórmulas legales para seguir aplicando los tipos de interés eliminados, en una clara manifestación de que lo único que les interesa es velar por sus propios intereses, sin importarles lo más mínimo los intereses de sus clientes, minoristas en la mayor parte de los casos. Cuando las entidades financieras han seguido aplicando los índices eliminados es cuando han comenzado las primeras demandas judiciales, y las primeras sentencias  favorables a los deudores hipotecarios.

 

La diferencia para el bolsillo de los afectados es muy grande, ya que el IRPH está bastante más alto que el Euribor. Si tomamos como referencia los últimos datos de los que disponemos del mes de noviembre de 2015, el Euribor se sitiaba en el 0,0079%, mientras que el IRPH se situaba en el 2,132%, existiendo una diferencia del 2,053%.

 

El problema radica en la falta de objetividad del IRPH. El IRPH se obtiene de la media mensual de los intereses aplicados, pero son las propias entidades financieras las que ofrecen dichos intereses en sus hipotecas, pudiendo influir y manipular este índice a su antojo.

 

La línea que están siguiendo los tribunales para declarar nulo por abusivo el IRPH se fundamenta en que es un índice totalmente manipulable por las entidades financieras, y si no se informó al cliente de dicho extremo, ni se le informó de cómo podían variar los intereses de la hipoteca a lo largo de su existencia, ello conduciría a una clara falta de transparencia por omisión de una información clara y sencilla, atentando contra la buena fe contractual y causando desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. En este sentido se han ido pronunciando diversos tribunales, citando a modo de ejemplo la sentencia del Juzgado Mercantil Nº 7 de Barcelona de 16 de marzo de 2015:

 

“Cabe concluir que la concreción de la cuantía del índice se verifica con los datos que facilitan tales entidades respecto a los préstamos que conceden. Si conceden más préstamos a un interés superior éste se eleva, si conceden más préstamos a un interés inferior, disminuye. Además ante la progresiva disminución del número de Cajas, esa influencia ha ido creciendo.”

 

Considera por tanto el juzgador que queda comprometido el artículo 1256 del Código Civil que dispone:

 

“La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

 

Añade la sentencia que: “No hay constancia en la escritura de constitución del préstamo, de que se advirtiera de algo semejante o que explique al menos como se determina el IRPH”, lo que podría haber pesado en la decisión de los contratantes de optar por otro de los siete tipos oficiales que existían al tiempo de constituirse la escritura hipotecaria”.

 

En idéntico sentido podemos citar las sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 12 de Madrid de 3 de octubre de 2014; Juzgado de lo Mercantil Nº1 de San Sebastián de 30 de septiembre de 2014 y 9 de febrero de 2015; y Juzgado de Primera Instancia Nº4 de Guadalajara de 2 de diciembre de 2014, y muchas más en esa misma línea.

 

Terminaremos el artículo indicando que la declaración de abusividad del IRPH está sirviendo también para decretar la suspensión de ejecución de viviendas por impago de hipoteca. Así lo han declarado los autos del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Almería de 7 de abril de 2014, y el auto del Juzgado de Primera Instancia Nº7 de Collado Villalba de 5 de septiembre de 2013.

 

Si usted cree que puede estar afectada su hipoteca por alguno de estos tipos de interés, contacte con nosotros, y uno de nuestros abogados estudiará toda la documentación y emitirá un informe de la viabilidad de forma gratuita para determinar las posibilidades de éxito de su reclamación judicial.

 

(Emilio Matanza Senovilla)

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Afectados Grupo Volkswagen. Recupere el dinero pagado por su coche

La firma de abogados Vicente & Matanza está tramitando varias reclamaciones de los afectados de Volkswagen, a causa del fraude de las emisiones contaminantes, tras conocerse que Seat, filial española de la compañía alemana, montó más de medio millón de los motores diésel investigados, en vehículos Volkswagen, Audi, Skoda o Seat equipados con este sistema.

Los vehículos con motores diésel EA 189 de cuatro cilindros de la marca Volkswagen, se comercializaban equipados con un software que detecta cuándo el vehículo está pasando una inspección técnica, iniciándose pues, en ese mismo instante, un ciclo del motor que enmascara los niveles de CO2 y de óxido nitroso (NOx) emitidos, lo que permite que se superen así los distintos controles medioambientales, pese a que se sobrepasen los niveles autorizados.

Los vehículos de Volkswagen afectados por el fraude son los modelos: Jetta (2009–2015); Jetta Sportwagen (2009–2014); Beetle (2012–2015); Beetle Convertible (2012–2015); Audi A3 (2010–2015); Golf (2010–2015); Golf Sportwagen (2015) y Passat (2012 – 2015). 

Por su parte, SEAT confirma que sus modelos implicados en el escándalo son: Ibiza SC,Ibiza 5DIbiza STLeon IIAlteaAltea XLAltea FreetrackToledo IIIel nuevo Toledo, ExeoExeo ST y Alhambra. Asimismo, existen serias dudas en cuanto a los modelos comerciales SEAT Caddy y Transporter, si bien la marca aún no ha confirmado, ni desmentido, la existencia del software responsable del trucaje en estos dos últimos.

Los modelos de Audi afectados son: A1, A3, A4, A5, TT, Q3 y Q5.

VIAS PARA RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO

Existen varias vías para recuperar la totalidad del dinero invertido en la compra del coche: la vía civil y la penal.

Dentro de la vía civil se puede ejercer:

  • La acción de nulidad por error en el consentimiento y dolo (art. 1265 y ss del CC) la que tendría los efectos previstos en el art. 1303 del CC.

  • La acción de resolución por incumplimiento contractual prevista en el art. 1124 del CC.

  • La acción de daños y perjuicios del art. 1101 del CC.

Por otro lado, en la vía penalpodría presentarse ante los Tribunales querella colectiva en la Audiencia Nacional puesto que se trata de un fraude con múltiples perjudicados en todo el territorio nacional.

En VICENTE & MATANZA  consideramos que la vía judicial más eficaz para conseguir la restitución del precio pagado o la sustitución del vehículo afectado por el fraude por otro nuevo sin fallo, es la vía civil mediante demanda individual de nulidad por vicios ocultos, en un procedimiento que sería totalmente personalizado, y obteniendo ya sentencia en un plazo de seis u ocho meses aproximadamente. Tras el reconocimiento de culpabilidad emitido por Volkswagen, el procedimiento judicial gana en sencillez, ya que no será necesario probar nada, por ser de aplicación la doctrina de los hechos notorios.

Si es usted uno de los afectados, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente formulario, estudiaremos su caso de forma gratuita y le resolveremos todas las dudas que tenga.

(Emilio Matanza Senovilla)

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¿Se puede recuperar el dinero invertido en bonos del Banco Popular?

La respuesta es SÍ. La única manera de recuperar el 100% de su inversión es reclamando judicialmente. El próximo 25 de noviembre de 2015, miles de tenedores de bonos convertibles del Banco Popular se verán afectados por pérdidas de, al menos, el 40% en el valor de su inversión como consecuencia de la conversión obligatoria de sus bonos en acciones de la entidad.

Ese día 25, su inversión en bonos se trasformará en acciones, pero no lo hará según el precio actual de las mismas, sino que la conversión se hará al precia fijado previamente de 17,75€. Es decir, comprarán por casi 18€ unas acciones que en el mercado a día de hoy valen menos de 4€.

Los bonos en un principio operaban como un depósito con una atractiva rentabilidad, pero en realidad lo que escondían detrás era un producto de inversión en renta variable ya que el canje por acciones se establece con carácter obligatorio para el inversor.

Reclamar judicialmente (en conveniente hacerlo antes del 25 de noviembre) es la única manera de recuperar toda su inversión. El banco está ofreciendo soluciones alternativas al canje a sus clientes, soluciones que van acompañadas de la firma de un documento renunciando a emprender acciones judiciales, ya que la entidad sabe que tiene todas las de perder en futuros procesos judiciales.

Si usted es uno de los afectados por estos bonos, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le haremos un estudio de viabilidad gratuito de su caso. Puede contactarnos a través del siguiente formulario.

(Emilio Matanza Senovilla)

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Nuevas sentencias ganadas para accionistas de Bankia

Durante el mes de julio hemos recibido 3 nuevas sentencias favorables donde este despacho ha conseguido que los compradores de acciones de Bankia recuperen todo su dinero, logrando además la imposición de costas a la entidad financiera.

Estas sentencias, 2 de ellas provenientes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valladolid y otra del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Medina del Campo, suponen un espaldarazo más a los derechos de los accionistas que en su día compraron acciones de Bankia, pero que tras el paso del tiempo, perdieron casi todo lo invertido merced al desplome y rescate financiero que sufrió la entidad.

Ambas sentencias coinciden básicamente en sus razonamiento apuntando que “la información proporcionada en la oferta pública por la entidad demandada resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes, dando apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad de su verdadera situación financiera. Esta circunstancia relevante para la decisión de inversión del accionista, le fue omitida, lo que ha determinado una contratación viciada en su consentimiento”.

En la parte inferior de este artículo, podrás tener acceso a 2 de las sentencias notificadas. Esperamos poder seguir anunciando en el futuro más sentencias favorables a nuestros clientes, tanto en Valladolid como en otros Juzgados donde este despacho ha interpuesto demandas.

Si eres uno de los afectados por la compra de acciones de Bankia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, todavía estás a tiempo de poder reclamar.

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Sentencia Jdo. 1A Inst. e Instrucción 2 Medina del Campo
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Los afectados por acciones BANKIA pueden reclamar su inversión por vía civil hasta mayo de 2016

reclamar Acciones Bankia

La vía civil que pueden articular los afectados por las acciones Bankia terminará en mayo de 2016. El plazo para ejercitar tal acción es de cuatro años desde que se conoció el engaño de las cuentas de Bankia en mayo de 2012.

Los inversores afectados que aún sean titulares de las acciones podrán solicitar la nulidad del contrato de suscripción de las acciones por error en el consentimiento. Esta opción está generando grandes éxitos con números sentencias estimatorias

en todo el territorio nacional. Además de recuperar toda su inversión, obtendrá el pago de los intereses legales desde la fecha de suscripción de las acciones.

Para aquellos inversores que vendieron sus acciones, la vía civil también reserva una acción para poder recuperar el perjuicio patrimonial causado por la diferencia entre el precio de compra y de venta de las acciones. En base al artículo 1.101 del CC se puede solicitar una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Esta acción también está deparando buenos resultados para los afectados con numerosas sentencias estimatorias, como son la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Valencia de 1 de abril de 2015 y Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Oviedo de 7 de enero de 2015 entre otras.


Si usted suscribió acciones en la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, sea titular de las mismas o las haya vendido, no dude en ponerse en contacto con nosotros porque aún puede recuperar todo el dinero invertido.


(Emilio Matanza Senovilla)

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¿Puede una empresa solicitar la nulidad de una cláusula suelo?

Cláusula suelo empresas

Por casi todos es conocida la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que, resolviendo sobre las cláusulas suelo de un gran número de particulares, articula un doble filtro o control de transparencia que toda cláusula debe superar para que se entienda que la misma es válida y por tanto aplicable al contrato. Cierto es que dicha sentencia y su posterior auto aclaratorio de 3 de junio, así como la más reciente STS de 8 de septiembre de 2014, ha dado lugar a numerosas interpretaciones jurisprudenciales en especial en lo relativo a la retroactividad o no de la nulidad de la cláusula, quizás porque en realidad en ninguna de estas dos sentencias se sometía a consideración este punto; pero no menos cierto es que, al menos, estas sentencias han supuesto un importante avance para los particulares afectados, que ven con cierta probabilidad la posibilidad de que la cláusula suelo de sus hipotecas quede anulada.

¿Pero qué sucede si el firmante de una hipoteca con cláusula suelo es un autónomo o una empresa? ¿Es posible en estos casos instar la nulidad?Pues la respuesta, de nuevo, dista bastante de ser segura o unánime en la jurisprudencia, encontrándonos con resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales para todos los gustos, lo cual viene a poner en tela de juicio el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la Ley.

Sin pretender entrar en un debate doctrinal extenso sobre esta cuestión, la opinión de quien suscribe y del despacho al que representa, es que SÍ, que sí es posible instar y obtener la nulidad de una cláusula suelo inserta en una hipoteca firmada por un empresario o, al menos, que sí debería ser posible. Obviamente, para estos supuestos habrá que “hilar más fino” y habrá que analizar cada caso de manera particular para ver si existen más o menos opciones de éxito, en la medida en que el ordenamiento jurídico español exige una mayor diligencia al “ordenado empresario” que al “ buen padre de familia” (según términos exactos mencionados en la Ley).

Y es que el argumentario jurídico que apoya nuestra opinión es extenso. Vaya por delante que para estos supuestos sigue siendo plenamente aplicable las normas generales sobre consentimiento contractual y por tanto aquí se abre una primera línea de defensa.

Pero es que además también es de plena aplicación la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC). Y ello no sólo porque así lo sugiera la Disposición Adicional Cuarta de la Ley, sino también porque así lo dice expresamente el artículo 2. Además creemos que es muy clarificador lo que se menciona en la Exposición de Motivos de la LCGC, cuando a este respecto dice: Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno y otro caso, se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean conocidas o -en ciertos casos de contratación no escrita- exista posibilidad real de ser conocidas, y que se redacten de forma transparente, con claridad, concreción y sencillez”. (…) Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios". Sin duda, esta frase es lapidaria y por sí sola permitiría accionar contra la entidad bancaria no solo con argumentos de la necesidad de la transparencia sino también por la buena fe y desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, lo cual en el tema de las cláusulas suelo se antoja no especialmente difícil de demostrar. Entendemos que existen otros argumentos jurídicos invocables en estos casos, como puede ser la consideración de consumidor a aquella sociedad mercantil que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial pero que puede llegar a firmar una hipoteca para financiar su empresa, lo cual permitiría extender el ámbito de aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a las personas jurídicas. Sin embargo, no pretendemos extendernos sobre este asunto, por entender que su explicación requeriría de muchas líneas y no es ese el propósito de este artículo.

En la misma línea que aquí tratamos de defender, y aportando diferentes puntos de vista, se han pronunciado ya algunas Audiencias Provinciales. De modo no exhaustivo, podemos citar las Audiencias Provinciales de Huelva, Córdoba, Cáceres o Zamora (si algún lector quisiera que le facilitáramos alguna sentencia de estas Audiencias Provinciales o de algún Juzgado de lo Mercantil, rogamos se ponga en contacto con nosotros a través del siguiente formulario).

Como conclusión, y siguiendo el camino que poco a poco van abriendo algunos Tribunales, entendemos que existe la posibilidad de que las personas jurídicas demanden solicitando la nulidad de sus cláusulas suelo e incluso la reclamación de las cantidades abonadas de más, sin perjuicio de que se haga necesario un estudio previo de cada caso en concreto.

 

(Juan Vicente de Pedro)

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ACCIONES DE BANKIA Y VALORES DEL SANTANDER, DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

acciones Bankia, valores Santander

Las famosas cláusulas suelo, acciones preferentes o deuda subordinada, no son las únicas “tropelías” que habrían cometido los bancos en los últimos años para intentar maximizar su beneficio y arreglar sus maltrechas arcas. Se avecinan nuevos nubarrones para los bancos que pondrán de manifiesto, de nuevo, sus malas prácticas. En concreto, BANKIA con su salida a bolsa en 2011 y SANTANDER con la venta de valores en 2007. Ambos bancos habrían actuado de forma dolosa en la venta de estos productos financieros, quedando afectados una gran cantidad de clientes minoristas que ahora tienen en su mano recuperar su inversión.

 

BANKIA salía a bolsa el 20 de julio de 2011 a un precio de 3,75€ por acción. Sin embargo, un tiempo después, se ponía de manifiesto que la OPS de BANKIA se realizó en base a una información errónea con el propósito de conseguir financiación para evitar su caída. Y lo habría hecho, con la connivencia de la auditora (supuestamente independiente) DELOITTE, ocultando los riesgos que corría la entidad y sobre la base de una pretendida apariencia de solvencia que se ha demostrado falsa. BANKIA faltó a la verdad en su Folleto Informativo, concretamente en lo relativo a la situación financiera de la entidad, provocando un error esencial en los accionistas. De hecho, tanto la propia CNMV como los Tribunales reconocen que el rigor informativo en la comercialización de productos debe ser máximo, algo que BANKIA incumplió flagrantemente el vender sus acciones.

Por tanto, no solo los accionistas que suscribieron acciones antes de la salida a bolsa, sino también todos aquellos que lo hicieron con posterioridad y antes de que las verdaderas cuentas de BANKIA salieran a la luz y su valor se desplomara -25 de mayo de 2012-, podrían demandar a la entidad financiera y recuperar el dinero invertido. Eso sí, tienen que darse prisa pues tienen solo hasta el 25 de mayo de 2015 para hacerlo, ya que la acción para exigir la responsabilidad prescribe a los tres años desde que el inversor hubiera podido tener conocimiento de la falsedad de las cuentas de BANKIA. Es decir, 3 años a contar desde el 25 de mayo de 2012.

 

El caso de SANTANDER es, como decíamos en el título de este artículo, la otra cara de una misma moneda. Y es que las motivaciones de SANTANDER y su mala praxis son similares al caso BANKIA, si bien, los argumentos jurídicos son otros. El Banco Santander empezó a vender en octubre de 2007  lo que se denominaron “Valores Santander”. Estos valores fueron comercializados como un depósito con una atractiva rentabilidad del 7,5% el primer año y Euribor +2,75, en los cuatro siguientes. Los Valores Santander eran un producto financiero que venció definitivamente el 4 de octubre de 2012 y su naturaleza era la de una obligación necesariamente convertible en acciones del Banco Santander a un precio fijado en su contratación de 16,5 € por acción, y modificado ligeramente posteriormente hasta situarlo en un precio de canje final de 12,96 € la acción. El día D llegó y los ahorradores que aún conservaban Valores Santander tuvieron que convertirlos en acciones a un precio de 12,96 € la acción, cuando ese mismo día el valor de cotización no superaba los 6 € la acción, es decir, perdieron más de la mitad del dinero invertido.

El cliente no contrataba en realidad un bono simple que ofrecía un 7,5% de interés TAE fijo y después un Euribor + 2,75%, como parecía reflejar su publicidad en ese momento, sino un bono que obligaba a convertir a vencimiento en acciones del banco lo invertido. Se trataba pues, por este y otros motivos, de un producto financiero de alto riesgo. Por tanto, a la hora de contratar adecuadamente los Valores del Santander, el banco debería haber estudiado el perfil de cada cliente, y en caso de categorizarse como minorista o no experto financiero, no debería haberse vendido el producto. Los Valores Santander no podían venderse a particulares que no tuviesen conocimientos financieros suficientes y que no tuviese intención de hacer una inversión compleja, arriesgada y poniendo en peligro sus ahorros. Sin embargo, la entidad vendió este producto, generalmente, sin realizar un estudio pormenorizado del perfil del cliente y sin informarle debidamente del producto, así como de los riesgos que tenía. Así pues, ese contrato de venta puede ser considerado nulo y así lo están estimando la mayoría de Juzgados que empiezan a decidir sobre este asunto.

 

Por lo tanto, si usted contrató o suscribió alguno de estos productos que sepa que puede demandar al banco y recuperar la inversión realizada en su momento. Los bancos por su parte, saben que ahora les toca pagar la política indiscriminada, y muchas veces engañosa, de colocación de productos financieros que siguieron años atrás. Parece que, una vez más, la batalla en los Tribunales se decantará del lado de los clientes minoristas.

Si desea que seamos nosotros quienes defendamos sus intereses, puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario.

 

(Pablo Vicente de Pedro)


                                                                Aquí podéis ver cómo se anunciaba este producto en televisión

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¿Quién debe asumir las cargas y gastos derivados de la recogida y entrega de los menores?

Pues a raíz de las Sentencias de fecha 26 de mayo y 19 de noviembre de 2014 del Tribunal Supremo, la respuesta es clara: AMBOS PROGENITORES. Estas sentencias ponen fin a una materia donde existía una jurisprudencia muy controvertida en las diversas Audiencias Provinciales de nuestro país. No era para nada doctrina pacífica la cuestión de si era el progenitor no custodio quien debía encargarse tanto de la entrega o recogida del menor y asumir la totalidad de los gastos que ello conlleva.

Por tanto, estas sentencias han unificado criterios, estableciendo que dichos gastos deben ser asumidos por mitad por ambos progenitores. No estamos ante un problema menor, ya que en numerosísimos casos, donde la distancia entre las residencias del progenitor custodio y no custodio son grandes, estos gastos pueden ser importantes.

Las sentencias referenciadas, siempre primando el interés del menor y en defecto de pacto entre progenitores, precisan un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad económica, teniendo en cuenta sus circunstancias personales o familiares.

La forma de armonizar estos gastos se debe hacer de la siguiente manera:

En primer lugar, debemos estar a lo acordado entre las partes, siempre que no se viole el interés del menor. En defecto de pacto entre las partes, es preciso establecer un sistema prioritario y otro subsidiario.

  1. Sistema prioritario: cada padre/madre, recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio para ejercer el derecho de visita, y el custodio lo retornará a su domicilio. Este debería ser el sistema normal o habitual.

  2. Sistema subsidiario. Cuando por las circunstancias personales del caso, el sistema habitual (sistema prioritario), no se corresponda con el interés del menor y distribución equitativa de las cargas, el juez o las partes, de común acuerdo, podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensación económica.

  3. Sistema extraordinario: se establece para situaciones, como su propio nombre indica, extraordinarias. Puede regir en diversas situaciones, como por ejemplo, cuando exista una gran distancia entre los domicilios de residencia de los progenitores que exigen grandes desplazamientos. Estos motivos exigirán ordenar las circunstancias concurrentes y singularizar las medidas a adoptar. Este sistema juega como un sistema de cierre para que los progenitores o el juez, llegado el caso, puedan adoptar soluciones que, por su singularidad, no se puedan encuadrar en los dos sistemas anteriores.

Este nuevo criterio esgrimido por nuestro más alto tribunal lo venimos utilizando con nuestros clientes para que opten por el sistema que mejor se adecúe a  sus circunstancias personales, con el fin de plasmarlo en el convenio regulador si el divorcio es de mutuo acuerdo. Es igualmente aplicable para los divorcios contenciosos y se puede articular para solicitar una modificación de medidas, siempre que se den los requisitos para ello.

(Emilio Matanza Senovilla)

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Novedades de la Reforma Fiscal de cara a 2015

reforma fiscal 2015

Este artículo va a tratar de dar una serie de consejos sobre qué cosas hacer antes de la reforma fiscal que el gobierno ha llevado al congreso, y qué cosas son convenientes dejar para después, con el único objetivo de soportar menor carga fiscal.

 

La reforma fiscal que el gobierno ha llevado al congreso supone en términos generales una rebaja fiscal para la mayoría de los contribuyentes. Sin embargo, algunas medidas también pueden hacer que aumente la factura tributaria. Todos aquellos que estén pensando en irse a vivir de alquiler es conveniente que vayan acelerando los trámites para hacerlo en el presente año, al igual que una persona que este meditando vender una vivienda.

Para otras operaciones cotidianas, como puede ser rescatar un plan de pensiones, o abrir un depósito con obligación de permanencia, es conveniente esperar a enero. La rebaja de los tipos del IRPF abaratará el rescate de los planes de pensiones, que tributan como rentas del trabajo cuyos tipos bajarán en 2015.

Otra novedad introducida por la reforma son los incentivos para mayores de 65 años. Si un contribuyente tiene 65 años o los cumplirá en breve, debe tener en cuenta que la reforma fiscal incluye una nueva exención para las ganancias patrimoniales. Se mantiene la exoneración para los mayores de 65 años de los beneficios que obtengan de la venta de su vivienda habitual. Lo que va a cambiar a partir de 2015 para este colectivo de mayores de 65 años es que no deberán tributar por la recuperación del dinero aportado a un plan de pensiones o por la venta de acciones bursátiles, siempre con la condición de que ese dinero sea destinado a una renta vitalicia.


Para todos aquellos que  pretendan desprenderse de inversiones realizadas recientemente, es posible que les interese esperar hasta el 1 de enero de 2015. Con la reforma, las plusvalías obtenidas en menos de un año tributaran en  la base imponible del ahorro, con tipos menores, y no en la tarifa general del IRPF como lo hacen ahora.


Respecto a las aportaciones a un plan de pensiones, la reducción fiscal vigente tiene un límite máximo de 10.000 € con carácter general y de 12.500 € para los mayores de 50 años. Con la reforma, ambos umbrales se rebajan a 8.000 €, por tanto a los contribuyentes que tengan capacidad para realizar una aportación, les puede resultar conveniente no esperar a 2015 para llevarla a cabo.

Respecto a qué pasara con los dividendos que cobremos, si es posible, lo mejor sería hacerlo este año, ya que, a partir de  enero de 2015 se suprime la exención vigente para los primeros 1.500 € de dividendos.

 

Como regla general parece que la rebaja de los tipos invita a esperar. La rebaja de los tipos en la base imponible del ahorro invita a esperar (si es posible) a la hora de lograr una renta de capital mobiliario o una ganancia patrimonial. A día de hoy, la tarifa del ahorro contempla un tipo impositivo del 21% para los primeros 6.000 € de beneficio, del 25% para ganancias entre 6.000 € y 24.000 €, y a partir de ese nivel se aplica un 27%. Desde enero de 2015, los primeros 6.000 € tributaran al 20%, entre 6.000 € y 50.000 € irán al 22% y por encima de ese nivel se aplica un 24%. Y, en 2016, los tipos bajaran al  20%, 22% y 24%, respectivamente.


(Emilio Matanza Senovilla)


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"Gigantes tecnológicos, enanos tributarios"

La globalización y la liberalización son fenómenos que han hecho que cada vez más  empresas operen no solo en su país sino también en otros lugares del mundo a través de la creación de filiales. Esto les ha abierto las puertas para llevar a cabo estrategias de ingeniería fiscal de cara a optimizar sus resultados.

 

Veamos un ejemplo ficticio explicativo de lo anterior: pensemos en una cadena de helados canadiense que establece una filial en España. La cadena canadiense pagará en España el impuesto de sociedades por los beneficios que genere con su actividad. Si pensamos que la empresa genera en este país unos ingresos de 200 millones de euros y unos gastos de 150 millones como consecuencia de la contratación de los trabajadores y las compras, la cadena obtendrá, entre otras cosas, 50 millones de euros de beneficio y pagará el 30% de los mismos al erario español, es decir, tributará por valor de 15 millones.

Hasta aquí la cuestión resulta sencilla. Sin embargo, este tema se complica cuando introducimos el concepto de los precios de transferencia. En el ámbito fiscal, los precios de transferencia son aquellos precios acordados entre entidades vinculadas en relación con las operaciones que llevan a cabo entre sí, o, dicho de otra manera, son los precios a los que una empresa se vende a sí misma, entre las diferentes filiales del grupo, los bienes que fabrica o la prestación de servicios que lleva a cabo.

 

La problemática que suscitan los precios de transferencia deriva de la colisión que se produce entre los intereses de los grupos multinacionales, que buscan una mejora de su rentabilidad global, y los objetivos de las administraciones públicas de los países en los que éstos operan, las cuales están interesadas en gravar las rentas generadas en sus respectivos territorios.

 

Imaginemos, en el ejemplo anterior, que con el objetivo de alcanzar economías de escala, la cadena de restaurantes deja de efectuar los gastos de comida en España y opta por centralizar toda la compra en Canadá para después enviarla a las diferentes filiales del grupo por el mundo. En principio, la central en Canadá debería vender la comida a la filial española a precios de mercado, en cuyo caso, no habría nada reprochable fiscalmente hablando, puesto que la transacción estaría ajustada a la ley.

 

Ahora imaginemos que la empresa matriz en Canadá, crea una filial en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 12,5% sobre el beneficio. Esta condición favorable hará que la filial irlandesa pase a ser la encargada de comprar todo el helado para las filiales en Europa. Sin embargo ahora, si el precio de mercado del helado enviado a la filial en España es de 40 millones de euros, lo que hará la filial en Irlanda es facturar a la filial española 60 millones de euros por vendérselo.

 

En este caso los beneficios de la filial española pasarán de 50 millones a 30 y el IS por el que tributará en España será de 9 millones en lugar de 15. Por los 20 millones de euros de beneficios (60-40) que ha trasladado “artificialmente” a Irlanda pagará por impuesto de sociedades 2,5 millones de euros (12,5%·20). De modo que, gracias a un precio de transferencia inflado, en total la cadena pagará por el IS entre los dos países 11,5 millones (9+2,5), en lugar de los 15 que pagaría solo en España si no hubiese entrado Irlanda en el tablero y se hubiese vendido el producto a precio de mercado.

 

Como se observa, esta práctica supone una evasión fiscal para la Hacienda Española, si bien, en este supuesto sencillo, en tanto que el bien comerciado tiene un coste de mercado que resulta sencillo de averiguar por los inspectores de Hacienda, la empresa dispone de un pequeño margen para hinchar los precios de transferencia. Sin embargo, en empresas cuyo objeto es la prestación de servicios o la venta de un bien complejo (un producto financiero, por ejemplo), el asunto se vuelve más complicado y, en estos casos, el precio de aquello que constituye el objeto de la actividad de la empresa será lo que la empresa diga que vale.

 

Lo cierto es que estas prácticas de ingeniería fiscal que llevan a cabo grandes multinacionales no es un problema a erradicar solo en España sino que también ocurre en otros países como Reino Unido o Francia.

 

Por otra parte, la globalización de la economía ha agudizado el problema. Además, a esto se le ha unido la importancia adquirida por internet en el mundo de los negocios, herramienta que a la par que ha permitido un incremento y una mayor eficacia en las operaciones de empresas transnacionales, ha menoscabado aún más las arcas de las administraciones hacendarias de los países con condiciones fiscales menos favorables para las empresas. Y es que las normas fiscales internacionales no han logrado adaptarse a los cambios en las prácticas de los negocios mundiales, como por ejemplo el desarrollo del comercio electrónico del que hablábamos.

 

En concreto, ¿cuál es uno de los principales problemas que ocasiona la actividad económica online? Se sabe que las personas físicas o jurídicas tributan en uno u otro país según el criterio establecido en la normativa nacional, a saber, según el criterio de territorialidad o el de residencia. Lo que ocurre en el caso del comercio online es que resulta difícil determinar el lugar donde se produce la transacción. Se suele tomar como referencia el lugar donde está el servidor, que no tiene porqué ser el mismo que el país que alberga la página web o aquel desde el que se envían los productos o se efectúa el servicio. En todo caso, las transacciones no ocurren en un sitio físico, lo que genera dudas sobre el lugar de tributación y, por tanto, sobre cuál es la Administración que debe recaudar.

 

Diversos acontecimientos relativos a multinacionales tales como Starbucks o Google han sacado a la luz toda esta realidad. Según algunos informes, Starbucks habría pagado 10 millones de libras desde 1998, frente a los 22 que habría tributado su rival Costa en un solo ejercicio. En cuanto a Google, y aunque las cifras defraudadas varían según las fuentes, sí existe acuerdo en que la empresa americana habría pagado aproximadamente en Europa tan solo un 5% de sus beneficios, dado que traslada gran parte de los mismos a las Islas Bermudas, y además aprovecha la baja fiscalidad irlandesa para facturar desde allí.

 

Ya decía un axioma neoliberal que el capital no tiene patria. Y si antes era cierto, ahora, a la vista de los acontecimientos, parece más verdad que nunca.

 

(Yasmín González Bouab)

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Importantes cambios para los alojamientos rurales de Castilla y León

El 2 de marzo de 2014 entró en vigor el Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma que regula los alojamientos de turismo rural por categorías.

Sin duda la principal novedad de esta norma es la catalogación de este tipo de alojamientos dentro de las figuras de Casa rural, Hotel rural y Posada, así como sucategorización en cinco niveles distintos de sus instalaciones, equipamientos y servicios, y que estarán representados por estrellas verdes, a imagen y semejanza del resto de establecimientos de alojamiento turístico. Al margen de esta importante novedad, esta norma regula también el régimen de funcionamiento de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en todo lo relativo a la prestación de servicios, normas de funcionamiento, sistema de reservas, precios, facturación o acceso a la información por parte de los usuarios.

Pero el decreto también impone importantes obligaciones a los titulares de estos establecimientos, que tendrán que “categorizarse” según lo mencionado en el párrafo anterior presentando la correspondiente declaración responsable en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto. Esta presentación, que afecta tanto a establecimientos rurales nuevos como a los ya existentes, deberá realizarse a través de un formulario normalizado y podrá tramitarse de forma electrónica.

 

La consecuencia de la no presentación de la declaración responsable  en el plazo mencionado así como el incumplimiento del resto de requisitos contemplados en la normativa no es baladí, ya que supondrá la pérdida inmediata de la condición de establecimiento de alojamiento turístico, procediéndose de oficio a cancelar su inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León.

 

En consecuencia, consideramos relevante informar de los cambios introducidos en la normativa a los titulares de estos establecimientos de turismo rural, un sector de vital importancia para el turismo en Castilla y León, y que es líder a nivel nacional. Por eso, desde Vicente & Matanza, nos ponemos a su disposición, y estaremos encantados de asesorarles sobre los requisitos de obligado cumplimiento introducidos por este decreto así como, si lo desean, tramitar y presentar toda la documentación necesaria.

 

(Juan Vicente de Pedro)

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BRIC III: India, mucho por emerger

Despite the great advances, India is still a poor country. More than half of the population lives with less than 2,5 dollars a day. In 1991 the economy was opened to liberalism and since then, the GDP has grown quikly and has multiplied by seven. At the same time, India has developed a close and healthy international relationships with almost all the regions around the world, and the trade agreement with the European Union is expected to be concluded within the next months. However, the growth seems to have seriously decreased in the last 3 years, from 10,5% in 2010 to 3,2% in 2012. Also the recent currency crisis in the beginning of 2014 has specially affected the indian economy stability. The new government that will be elected in the next two months will have some difficult decissions to take.

 

Historia económica reciente:

 

De los cuatro países BRIC, India es posiblemente la economía más atrasada en términos sociales, y es que aunque actualmente es la novena economía mundial con un PIB de algo más de 1,8 billones de dólares, más de un tercio de la población vive en la absoluta pobreza y más de la mitad lo hace con menos de 2,5 dólares al día. Sin embargo, a pesar de esta realidad, el punto de partida de la India es considerablemente peor, ya que desde la independencia del Reino Unido en 1947 hasta principios de los 90 la economía india pasó por una larga depresión con episodios de profundas hambrunas, solamente resueltas en parte por la instauración de la llamada Revolución Verde en 1960. Esta revolución supuso la implantación en India del método agrícola desarrollado en México por el ingeniero agrónomo Norman Borlaugm, el cual triplicó la producción de arroz en el país convirtiéndolo en el primer productor mundial y paliando el hambre de millones de personas, si bien este método no estuvo exento de críticas y problemas.(1)

En 1991 se inicia un periodo de liberalización económica que inaugura una senda de un crecimiento intenso y sostenido durante más de 25 años. Desde entonces, el PIB se ha multiplicado por 7 y la renta per cápita por algo más de 5. Este periodo de expansión ha venido acompañado de una intensa intervención de instituciones internacionales en forma de créditos y préstamos en importante cuantía. De entre ellos destacan para los próximos años 12000 millones de dólares para el periodo 2013-2017 procedentes del Bando Asiático de Desarrollo (BasD) y entre 3000 y 5000 millones para el mismo periodo del Banco Mundial; además de ser el principal país donde la Corporación Financiera Internacional (IFC), asociada al Banco Mundial, realiza sus operaciones con 4000 millones de dólares en 2012.

 

India ha impulsado también un fuerte asociacionismo con otros países y regiones en términos de mejora del libre comercio. Esta buena salud de sus relaciones internacionales viene de atrás, cuando India lideró la posición de los países no alineados durante la Guerra Fría, si bien estableció estrechos lazos militares con la URSS que aún hoy se mantienen con Rusia. Actualmente India es miembro muy activo de la OMC y mantiene importantes relaciones comerciales con Estados Unidos, China, la Unión Europea y Japón. En los últimos años ha firmado también acuerdos de libre comercio con países de su entorno siendo el más destacado el SAFTA, en vigor desde 1995 y ampliado en 2006 concibiéndolo como un primer paso hacia la creación de una unión económica en el Sudeste asiático.(2) Dentro de este contexto internacional España representa un muy discreto 40º  lugar de entre sus países proveedores con una cuota de mercado de sólo el 0,4%. En este sentido deberían fortalecerse los lazos económicos con India mirándolo como uno de los grandes mercados a conquistar en los próximos años (será el tercer mayor consumidor mundial en 2030), fundamentalmente aprovechando las oportunidades que puede ofrecer la próxima firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que se espera desde hace años.(3)

 

En cuanto a los principales países proveedores de India, los 10 primeros puestos han sufrido algunas variaciones en los últimos años, destacando la caída de EEUU (2º en 2007 y ahora 5º), la subida de Suiza (de 7º al 3º) y la entrada con fuerza de Corea del Sur. Cabe destacar la mayor presencia de países exportadores de petróleo como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Nigeria, debido al fuerte incremento del valor de las importaciones de petróleo (aunque India tiene la mayor reserva de petróleo de Asia tras China). En lo que se refiere al análisis por sectores, con respecto a las exportaciones, los metales preciosos y los combustibles y aceites minerales continúan tras varios años en primer y segundo lugar. Igualmente, es de destacar que los bienes que implican un mayor valor añadido como aparatos y material eléctrico, productos químicos, vehículos y aparatos mecánicos han mostrado una tendencia al alza, situándose cada vez en posiciones más altas. A pesar de ello, las importaciones han sido superiores a las exportaciones y ello ha llevado a importantes déficits de la balanza comercial en los últimos años.

Estado actual de la economía y principales sectores económicos:

 

Atendiendo a los últimos datos macroeconómicos publicados por el Banco Mundial correspondientes al año 2012, ha habido una relevante caída del consumo junto a un descenso de los niveles de inversión, lo que ha impulsado los miedos a que la economía india se esté enfriando antes de lo previsto. El déficit por cuenta corriente se elevó hasta un 4,2% del PIB en 2012. Las importaciones de petróleo y oro son las principales protagonistas y podría suponer el riesgo de llevar a una crisis de la balanza de pagos. El déficit fiscal también está en ascenso, en 2012 representó un 5,8 % del PIB; y la inflación alcanzó el 10%. Esta inflación es una de las razones por las que la depreciación de la rupia de los últimos meses no ha tenido un efecto positivo ni en las exportaciones, que se han ralentizado, ni en la competitividad internacional de la economía india.

 

Y es que el dato de crecimiento de PIB en 2013 ha sido de un escueto 4,4% si bien ha mejorado el 3,2% alcanzado en 2012.  Las causas de esta desaceleración pueden estar en una política monetaria restrictiva con tasas de interés alrededor del 8%, y sobre todo en una inacción política que ha impedido las reformas necesarias ante esta situación de anómalo crecimiento. Las próximas elecciones a celebrar entre abril y mayo pueden poner fin a este escenario si van acompañadas de las medidas necesarias para enderezar el rumbo de la economía.

 

La principal crítica al lento ritmo de crecimiento indio es el reducido peso que juega todavía el sector industrial dentro de la economía. En 2012, el sector de las manufacturas, que supone el 15% del PIB indio, sólo pudo crecer al 2,5%, muy lejos del 7,6% del año anterior. En el lado positivo dentro del sector industrial, sólo se puede destacar al sector energético y de suministro de agua (crecimiento del 8% frente al 3% en 2011) y la construcción con un crecimiento del 5,3%.

 

El contrapunto ha sido el sector servicios que vuelve a ser el motor de la economía india, con ritmos muy altos de crecimiento: sector financiero, que representa el 18% del PIB creció al 9,6%; el comercio, transporte y comunicaciones, que es 28% del PIB, creció a casi el 10%; y por último, los servicios personales y sociales, con un 13% del PIB, crecieron al 5,7%.

 

Finalmente, el sector terciario, especialmente agricultura, que aún supone el 16% del PIB y emplea a más del 60% de la población, también se ralentizó (crecimiento del 2,8%, último dato disponible). Es de destacar que los ritmos de crecimiento de este sector están en todo caso siempre por debajo de los del resto de la economía desde hace años, por lo que su participación en el PIB disminuye de forma constante (14% en 2012 frente al 15,7% tres años antes).

 

Ante estos datos, hay quienes alertan ya del riesgo de estancamiento y las tasas de crecimiento superiores al   9%, como las del periodo 2003-2008, parecen ahora muy lejanas. India se encuentra en pleno proceso de explosión demográfica, con una población joven (con una media de edad de 26,6 años) que sale al mercado laboral, para cuya absorción es necesaria una tasa de crecimiento anual de entre el 7 y el 8%. Frente a esto, una realidad preocupante, el ritmo de reducción de la extrema pobreza durante los últimos 10 años, que alcanzó los 200 millones de personas, se ha visto prácticamente anulada dadas las altas tasas de natalidad.

 

(Pablo José Martínez Rojo)

 

  1. http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/192

  2. http://www.saarc-sec.org/

  3. http://www.fride.org/descarga/Tratado_Libre_Comercio_UE_GK.pdf

 

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Enmascarada reforma laboral en la Ley de Presupuestos

Reforma laboral

Con “nocturnidad y alevosía”, aprovechando los últimos días del año 2013 en los cuales gran parte de la población está a otros menesteres, el Gobierno ha aprovechado para introducir pequeñas modificaciones en la normativa laboral, pequeñas pero sin duda de gran calado, para las pequeñas y medianas  empresas, en especial para las que cuenten con plantillas de menos de 25 trabajadores. A muchas de estas empresas la medida les ha pillado de improviso, y no se han podido adaptar a la misma. Los trabajadores son la otra cara de la moneda, los cuales, ven aún más limitada su defensa de cara a un posible despido.

Lo más significativo de la reforma, y lo que en la práctica más efectos va a tener, es la supresión del apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establecía que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se hacía cargo del pago de modo directo de 8 días de indemnización en los despidos de trabajadores con contratos indefinidos en las empresas de menos de 25 trabajadores.

La medida ha sido introducida dentro de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, siendo éste el motivo de que haya pasado tan desapercibida, estando en  vigor desde el 1 de enero del año en curso y de manera indefinida.

La clave y el porqué de esta reforma no es otro que la grave situación que sufren a día de hoy las arcas del FOGASA. El Gobierno nos quiere hacer creer que se trata de una medida que busca desincentivar el despido y fomentar el mantenimiento del empleo, objetivos que chocan de manera frontal con lo propia reforma laboral aprobada.

La medida lleva a que, en la práctica, las empresas con menos de 25 trabajadores se van a regir por el mismo sistema que las de más de 25, y el FOGASA sólo responderá de la indemnización cuando se haya producido el concurso o la insolvencia del empresario.

Como efecto arrastre, además los trabajadores se verán afectados en la medida en que las empresas con escasa liquidez no  van a poner a disposición de sus trabajadores la indemnización legal correspondiente, alegando falta de liquidez y acogiéndose al artículo 53.1.b del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente:

   1.  La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:

(…)

 

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.”

 

Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52, c), de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

 

La medida afecta tanto a las empresas como a los trabajadores, los cuales podrán ver cómo se extinguen los contratos sin que les abonen las indemnizaciones pertinentes. Además, no es improbable que la medida vaya a provocar un incremento significativo de las demandas en los Juzgados en ese sentido.

 

(Emilio Matanza Senovilla)

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